UNA FALTA DE RESPETO

Ha pasado más de una década desde el inicio de las políticas de austeridad,  que impulsaron los Gobiernos de la Unión Europea, de España y de las comunidades autónomas  para superar una crisis causada, no lo olvidamos, por la desregulación financiera y la especulación inmobiliaria y , agravadas en España , por la corrupción y el despilfarro.

Una década caracterizada por el desmantelamiento de los servicios y prestaciones sociales, la precariedad y el aumento de las desigualdades.

En el sector educativo de la Comunidad de Madrid la austeridad tomó forma de recortes salariales, incremento del personal interino, disminución de plantillas y aumento del número de alumnos y alumnas por aula. 

Más de diez años después nada ha cambiado y algunas cosas han ido a peor a pesar de los reiterados anuncios en sentido contrario de la ministra de educación socialista.

No hablaremos mucho de nuestros sueldos porque no queremos que nos tachen de trabajadores privilegiados. Pero la sociedad española debe saber, tambien a la hora  de exigir, qué precio ha puesto a nuestro trabajo. Que todavía hoy un profesor o profesora que haya aprobado las oposiciones en 2018 cobrará un 3% menos de lo que cobraban quienes aprobaron en 2007. Y que una maestra cobra un 10% menos de lo que cobran, por ejemplo y con todo el respeto por su trabajo, los lavacoches de la Empresa dedicada a la actividad de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, en el ámbito territorial de Madrid. (En general, casi todas las categorías profesionales de ese convenio cobra más que una maestra). Cobramos menos de lo que cobran los cajeros de un banco o los recepcionistas de un hotel de cuatro estrellas y otras profesiones que no se llevan, en forma de preocupaciones e inquietudes pero no sólo, el trabajo a casa.

Los salarios docentes demuestran la escasa consideración social de nuestra profesión pero no son el motivo de nuestra indignación. Es una falta de respeto que podemos soportar porque no la padecen nuestros niños y niñas.

Como hemos soportado la inutilidad de la Administración en el cambio del nuevo sistema de gestión informática. Un programa tan mal implantado que lleva a sospechar que alguien se ha lucrado con él. Pero ni todas sus deficiencias y caídas, todos los problemas para hacer horarios o para disponer de las listas de clase, han reducido las demandas de documentación de la Administración que año tras año aprieta el calendario de principio de curso y  convierte la elaboración de esos documentos en mera burocracia que nos dificulta aún más nuestro trabajo,

El motivo de nuestra rabia no son las barrabasadas tipicas de nuestra incompetente administración. El motivo de nuestra rabia es la enésima vuelta de tuerca de la Consejería de Madrid a la plantillas de profesoras y profesores y al número de alumnos y alumnas por clase. Nuevos recortes de profesorado y nuevos incrementos de alumnado que ponen de manifiesto la escasa importancia que tiene para el gobierno madrileño la enseñanza pública. (Seguramente piensen que no merece la pena esmerarse en mejorar el servicio público educativo si siempre pueden comprarse las titulaciones que uno necesita como Cifuentes o Casado).

Los recortes e incrementos demuestran la falta de respeto de las autoridades madrileñas a las familias y, sobre todo, a sus hijos e hijas. Lo de menos es que esos recortes se produzcan mientras se anuncia el incremento de las subvenciones a centros privados de bachillerato. Financiar niveles no obligatorios mientras se recorta la educación primaria pública es solo añadir escarnio y befa a la bofetada que la Administración ha propinado a nuestros niños y niñas. Lo dramático es que esos recortes ponen en peligro la atención a nuestro alumnado y, en particular, a quienes presentan necesidades educativas especiales. Además esos recortes echan por tierra las políticas de inclusión educativa respaldadas por 42 ayuntamientos de la región y presentadas ante la Asamblea legislativa madrileña.

Año tras año la administración educativa madrileña ha ido endureciendo las condiciones y aumentando las ratios para determinar quiénes y cuántos necesitan apoyos o refuerzos educativos. Año tras año eso ha supuesto disminución del profesorado de apoyo. Y tenemos que decir basta. Basta de faltas de respeto a nuestro trabajo y a nuestros niños y niñas. Basta de limitar y reducir la atención que merece nuestro alumnado, basta de deteriorar la calidad de la enseñanza. No queremos tener que elegir a quienes de nuestros alumnos y alumnas tendremos que dejar desasistidos.

El aumento de las ratios pone de manifiesto la visión retrógrada de la enseñanza que tienen las autoridades educativas madrileñas: nada que tenga que ver con una enseñanza activa o individualizada. La administración trata a nuestros niños y niñas como ganado que debe comer pasivamente y al mismo tiempo idéntico pienso. Y para esa ingesta da lo mismo 18 que 28 alumnos.

La penúltima falta de respeto, esta vez al Parlamento autonómico, ha sido el incumplimiento del mandato parlamentario de implantar la gratuidad de los libros de texto este año. ¿Lo seguirán consistiendo sus socios de legislatura?

La situación este curso, en mi colegio, es de auténtica emergencia. Para poder tener las clases atendidas hemos renunciado a asistir a las reuniones preparatorias de las actividades extraescolares y cualquier ausencia de un profesor o profesora por problemas médicos supone la suspensión de las actividades de apoyo y refuerzo a los más necesitados o necesitadas.

Si el gobierno madrileño tuviera vergüenza y algo de decencia estaría buscando el dinero que despilfarraron en la abortada Ciudad de la Justicia de Aguirre para traerlo a los centros de Vallecas y Moratalaz.