Nuevamente, como el año pasado, (ver el post "Aguirre contra Idefix") la autoritaria administración educativa madrileña ha estado a punto de crear un conflicto con la comunidad escolar del CEIP Palomeras Bajas. Si esto no ha sido así, comentan en el centro, ha sido por la apertura de mente de una inspectora a la que se obligaba a ejercer de policía ideológica.
Narremos lo sucedido. El 7 de mayo estaba prevista la celebración de la estúpida prueba de 6º. Ese día los padres y madres de 6º del Colegio Público Palomeras Bajas decidieron, como lo llevan haciendo desde su implantación, boicotear la prueba, no asistiendo al colegio y organizando una actividad paralela en Cosmo Caixa. Dos familias, no obstante, decidieron enviar a sus hijas al colegio y realizar la prueba. Sin ninguna interferencia ni coacción por parte de la mayoría.
Como ocurriera el curso pasado, la administración decidió regresar al día siguiente, el día 8, y examinar a los rebeldes aunque los resultados no sirvieran ya para nada ni pudiesen publicarse. No creo que merezca la pena detenerse en la incoherencia política del PP que permitió y alentó la objeción a medidas y leyes del gobierno socialista, como ocurrió en el caso de la asignatura de "educación para la ciudadanía", pero recurre a la testosterona, a lo que yo llamaría “autoridad testicular”, para vencer la resistencia de los que disienten de sus políticas. Poco importa que el PP se llene la boca con la libertad de elección de los padres y se olvide de ella cuando estos padres protestan: hace tiempo que he llegado a la conclusión de que esta derecha sin complejos que nos gobierna no tiene ningún problema en decir una cosa y la contraria con la misma cara de póker de siempre, sabiendo que su electorado, alimentado por el odio a las izquierdas de la TDT y el "tú más" de sus voceros, se lo va a perdonar.
El caso es que ahí estaban los emisarios de Figar imponiendo su miserable prueba a los chavales de 6o. Supongo que lo que menos se imaginaban es que esta vez niños y niñas de doce años les iban a salir respondones y se iban a oponer a realizar la excremental prueba. De repente, dos derechos colisionaban: el derecho que las madres y padres tienen sobre la educación de sus hijos e hijas y el derecho de la administración. De repente, lo que era válido, aplaudido y alentado para objetar y boicotear la asignatura de “educación para la ciudadanía” ya no era válido para la estúpida prueba. De repente, "cuando se entra en la escuela hay que obedecer, así que ya estáis haciendo entrar en razón a los chavales".
El conflicto se convertía en un problema de autoridad en el aula y en el centro. (Al estilo de como se pretende convertir cualquier conflicto social en un problema de orden público). De este modo, obviando la contradicción con las intenciones y deseos de sus progenitores y hurtando a los chavales el derecho a la protesta pacífica, descontextualizando las conductas, se planteaba un problema de disciplina que cuestionaba e interrogaba al centro: ¿qué hacéis cuando un niño se niega a realizar una actividad lectiva?
Una pregunta falsa porque las comparaciones son imposibles y una pregunta trampa porque todas las respuestas posibles estaban vedadas: cómo explicar que en el centro las normas han sido avaladas por la asamblea de clase, consensuadas en la comisión de representantes y aprobadas por el consejo escolar y en ese contexto ese tipo de conflictos colectivos son improbables porque las normas tienen una autoridad democrática de la que carecen las imposiciones externas y si se producen conflictos se resuelven sin prisas en ese marco. Cómo explicar que los conflictos individuales puntuales pueden solucionarse avisando a padres y madres, baza prohibida, y contraindicada, de antemano en este tipo de imposiciones.
Las medidas previstas en el reglamento de derechos y deberes de los alumnos no servían ahora y se les exigía a los profesores que actuasen como gendarmes. O la falta era leve y la intervención de fuera del centro sobraba y sobraba dramatismo o era grave y debía llevarse al Consejo Escolar o abrirse un expediente. En este último caso, con todas las garantías que la norma da al estudiante para evitar la arbitrariedad, la coacción y el autoritarismo, incluido el derecho de los padres o madres a reclamar.
¿Por qué no se hizo así sino que se busco violentar la decisión, acertada o no, de unos chavales a los que queremos enseñar a ser personas solidarias, críticas, responsables y autónomas? (Esas cosas que no mide ninguna evaluación externa nacional o internacional). La democracia testicular de estos neodemócratas decidió utilizar a los chavales para castigar a los padres y madres disidentes. Igual que la LOMCE, que está proyectando sus negras alas sobre nosotros, estos incidentes nos retrotraen a la escuela del franquismo.
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